Dos años de legislatura han bastado para que el Gobierno de Mariano Rajoy lleve a cabo una involución sin precedentes en política energética. En este ámbito, la que quizás pueda calificarse como la época más retrógrada y conservadora de la democracia, se bautizó imponiendo al pueblo conquense de Villar de Cañas la encomiable tarea de guardar los residuos de todas las centrales nucleares del país al menos hasta 2080. Esto fue en diciembre de 2011 para decretar en enero, con el primer Real Decreto Ley del año, la paralización de las primas al régimen especial (renovables).
El Gobierno más antirenovable, anticiudadano, antidemocrático, pronuclear y negacionista del cambio climático que recordemos se ha afanado por promover la energía nuclear, la fracturación hidráulica, y las prospecciones petrolíferas en aguas profundas, al tiempo que dinamita el avance de las renovables, del ahorro y de la eficiencia. Recientemente se ha negado a poner en marcha medidas de lucha contra la pobreza energética, en contra de la ciudadanía y sus representantes locales y regionales, que en muchos ayuntamientos, diputaciones y cortes regionales se han mostrado contrarios a la política del Gobierno central.
No debería sorprender que el PP siga a pies juntillas, en este tema sí, su programa electoral. Quizás podamos esperar alguna que otra perla, como la ampliación de la vida útil de las nucleares, que las renovables paguen la hibernación de los ciclos combinados, el déficit de tarifa eléctrica, o posibles intentos en Bruselas por rebajar los objetivos climáticos, de renovables o de eficiencia que ahora se debaten en Europa.
El PP trabaja para los suyos, para las grandes empresas energéticas y financieras que solo buscan el lucro a corto plazo. Por ello, elimina la amenaza que supone un modelo energético que amplía el círculo de la competencia a nuevos y variados actores, incluida una ciudadanía cada vez más concienciada y que tiene ya la posibilidad de generar su propia energía a precios menores que los que proporciona el sistema eléctrico o gasista.
El panorama sería desolador si no fuese porque el descaro ha sido tal que ya nadie duda de sus intenciones. Han logrado que la oposición se una en contra de una legislación que lastra la economía de ayuntamientos, personas y familias, encareciendo los precios de la energía para favorecer los intereses de las grandes empresas eléctricas. Han conseguido que la energía sea un tema de debate diario en las calles y en los medios de comunicación. Han conseguido ponerse en ridículo con su absurda campaña para rescatar a Garoña, para acabar con el déficit de tarifa eléctrica, con disputas internas entre ministerios y entre administraciones, acumulando litigios internacionales, o anulando la subasta CESUR del 19 de diciembre de 2013, justo el mismo día que se aprobaba la nueva Ley del Sector Eléctrico sin la presencia del ministro Soria en la cámara.
El panorama es claro en cuanto al cambio climático, los costes ocultos y los visibles de un sistema energético que se cae a pedazos, los riesgos de la energía nuclear –con el claro ejemplo deFukushima, donde después de 3 años la situación sigue estando fuera de control–, o las guerras por unos recursos fósiles manchados de sangre y sufrimiento.
Pero no es tiempo de lamentaciones. Los cambios necesarios son de tal calado, los poderes a los que se enfrentan son tan grandes, que ningún Gobierno los hará a menos que sea increíblemente valiente, por lo que el cambio deberá surgir de la ciudadanía. Tenemos la oportunidad de ser agentes de cambio. Es hora de pasar a la acción.
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