La instalación de granjas porcinas industriales en Peñaranda de Duero y en el resto de la ribera del Duero, Puede estar ocasionando, entre otros problemas, una grave contaminación por nitratos de los suelos y las aguas subterráneas. Existen alternativas de tratamiento de los purines y de gestión de las granjas que podrían mejorar mucho esta preocupante situación.
Recientemente, el ayuntamiento peñarandino ha dado permisos de actividad a una nueva granja porcina a la vez que alerta de los problemas de olores y restos que ocasionan, llegando a anunciar el cambio en las ordenanzas municipales a este respecto.
El ganado porcino está creciendo a un ritmo galopante. La expansión continua de la industria agroalimentaria, que marca fuertemente los hábitos alimenticios de los ciudadanos y que prima la cantidad frente a la calidad, está provocando un cambio drástico en las formas tradicionales de cría de cerdos.
Año tras año vemos extinguirse la imagen tradicional del ganadero propietario de 7 u 8 cerdos, cuyos estiércoles iban destinados a abonar sus tierras, para el cual los desechos o basuras del ganado no constituían un problema, sino todo lo contrario, un beneficio –de hecho, así llaman al estiércol en algunas zonas de la Península– valiosísimo para mantener o aumentar la fertilidad del terreno. Al tiempo, se imponen grandes explotaciones de cientos o miles de cerdos, criados con sistemas intensivos.
Las nuevas instalaciones pueden ser propiedad de los mataderos y fabricantes de piensos –auténticos lobbies del sector– o alquiladas. Pero quizá la fórmula más extendida sea el sistema de integración: el ganadero aporta la granja, el agua, la mano de obra y la gestión de residuos, mientras que los propietarios de los animales –frecuentemente los mismos fabricantes de piensos– se encargan del transporte, les proporcionan la alimentación y los vacunan.
Muchas son las consecuencias e impactos que está provocando este cambio en la ganadería porcina, tanto económicos como sociales, sanitarios y ambientales. En este artículo nos vamos a centrar en el problema de los purines, de cómo ese beneficio que tradicionalmente suponía el estiércol de los cerdos se está convirtiendo en uno de los mayores problemas ambientales y de salud pública en algunas comarcas de la Península.
El problema de los purines
Las granjas intensivas emplean sistemas de limpieza en los que se utiliza el agua a presión para el arrastre de las deyecciones. Este sistema, que en un primer momento facilita considerablemente el manejo de los excrementos y aporta mejoras en las condiciones higiénicas y sanitarias de las granjas, tiene, por el contrario, la enorme desventaja del gran incremento del consumo de agua y de la complicación del manejo del purín. El purín es el estiércol licuado, pastoso o semilíquido, con fuerte olor amoniacal, resultado de la mezcla de las defecaciones, aguas de lavado y restos de piensos.
El hecho de que el estiércol de porcino sea limpiado por el arrastre de agua, en principio, no implica que cambien sus características agronómicas en cuanto a materia orgánica y nutrientes. Por tanto, su aplicación como abono órgano-mineral en los cultivos es una práctica agrícola recomendable especialmente en países como España y Portugal, donde los suelos tienen unos bajos índices de materia orgánica. Por otra parte, esta práctica implica cumplir con uno de los principios ecológicos básicos, como es el de cerrar el ciclo de las materias primas.
Sin embargo, la gestión y valorización agrícola de los purines se ve limitada por sus costes de manejo y transporte debido a su alto contenido en agua –en torno al 95%– y, sobre todo, por la sobrecarga y concentración de la cabaña ganadera en algunos puntos de nuestro municipio, lo que ocasiona que su aplicación como abono sea costosa y difícil, al no existir terreno próximo disponible que pueda recibir tanta cantidad de estiércol sin provocar, a su vez, contaminación de suelos y acuíferos. El excesivo aporte de estiércol provoca que los nitratos, las principales sales contenidas en los purines, se vayan filtrando y terminen contaminando acuíferos y aguas superficiales.
La OMS advierte de la peligrosidad de consumir agua que contenga más de 25 miligramos de nitratos por litro. Sin embargo, la UE permite el consumo de aquellas aguas cuya concentración de nitratos no supere los 50 µg/l, un nivel que se supera con creces en muchos acuíferos españoles.
El problema llega a ser más grave cuando la contaminación por nitratos procedentes de los purines pasa a las redes de agua potable de los municipios y, por tanto, son ingeridos por los ciudadanos. Recientemente se difundía en prensa la noticia de que 66 municipios catalanes tendrán que buscar suministros alternativos de agua al haber sido contaminados los que utilizaban.
En la medida en que en algunos puntos de Cataluña y del norte de la península se establecen restricciones a la actividad porcina, ésta se va desplazando hacia zonas más al sur. Por ejemplo, en Castilla y León hay una media de dos solicitudes por semana de apertura o ampliación de granjas de porcino.
Qué hacer con el purín
Una salida razonable al problema de los purines y al de la ganadería porcina pasa por conjugar los aspectos sociales, económicos, ambientales y sanitarios. Por desgracia, en éste como en otros tantos casos, la dimensión economicista es la que domina e impone sus criterios. De la conjunción de todas las variables resultaría como necesaria y urgente la reordenación de nuestra cabaña porcina en la que se debe primar la explotación familiar frente a la industrial e intensiva.
Por lo que respecta a los purines, es fundamental reestablecer el vínculo entre ganadería y agricultura, de tal manera que la conservación y fertilidad del suelo, así como el buen estado de las aguas subterráneas y superficiales, sea una condición básica y prioritaria sobre la que se sostenga toda política y gestión ganadera.
Si bien alguna normativa estatal, como la de Ordenación de las Explotaciones Porcinas (Real Decreto 324/2000) y otras autonómicas han aportado algunos elementos de regulación al sector, esta reglamentación en muchos casos no tiene carácter retroactivo para las explotaciones ya existentes. Otras veces, no hay seguimiento y vigilancia adecuados por parte de la Administración –granjas con muchos más cerdos de los autorizados, vertidos directos a cauces públicos, balsas claramente inadecuadas e ineficaces…–, o es ínfimo el valor coactivo de las sanciones, resultando rentable infringir la norma y pagar la sanción, si es que llega.
Por tanto, previa a toda medida de tratamiento final del purín, es necesaria y urgente la adecuación del volumen de la cabaña de cada comarca a la disponibilidad de terreno apto para recibir el purín sin que éste, por sobresaturación, termine contaminando suelos, agua y aire.
