Desde la primera presidencia de Trump en la que presentó el documento de Estrategia Nacional de los EEUU por la que Rusia y China se convierten en enemigos de sus intereses, y aumentó un 10% su gasto militar y un 35% sus efectivos en Europa, la situación no ha hecho más que empeorar.
La Directiva de Seguridad Nacional presentada por Biden en marzo de 2021 ahonda en el mismo sentido y la llegada, de nuevo de Trump a la presidencia aumenta la exigencia de gasto militar y comercio de armas hasta el 5% del PIB de los países de la OTAN. Con el anterior listón del 2% la Alianza Atlántica era responsable de más de la mitad del gasto militar mundial y de dos tercios del comercio mundial de armas.
No debemos olvidar que las industrias militares de los países de la OTAN operan como salvaguardia de los intereses de las mayores corporaciones multinacionales contaminantes de carbono y provocan un daño medioambiental irreparable. En este sentido, consideramos inadmisible que los EEUU, así como gran parte de la coalición militar atlántica, excluyan las emisiones militares de los inventarios nacionales de emisiones. Los países de la OTAN, conscientes del reto que supone la crisis climática, se preparan para apropiarse de las últimas fuentes de petróleo y gas, y de los recursos necesarios para afrontar el colapso energético y dar una respuesta militarizada a las migraciones climática, que irán en aumento, convirtiendo el norte en una fortaleza mediante entes como la Agencia Europea de la Guarda de Fronteras y Costas (FRONTEX).
Uno de los casos de actuación militar con connotaciones medioambientales en las que se emplea la fuerza es el del gaseoducto Nord Stream 2, bloqueado en principio y destruido después por parte del gobierno fascista de Ucrania con el apoyo (si no la intervención directa) de países de la alianza atlántica.
Este hecho aumenta las posibilidades de venta de gas licuado de EEUU, que se extrae con la técnica del fracking, lo que mantiene el problema de la dependencia energética de Europa, siendo víctimas, además, del aumento del coste de una energía que general un a huella de carbono mucho mayor.
Sólo llevando a cabo un cambio regulado y sostenible del modelo energético, con CONTROL PÚBLICO y que promueva las energías renovables de forma solidaria en todo el territorio, se podrá reforzar la soberanía energética.


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