El Gobierno asegura que el 96% de estas unidades administrativas que en muchos casos tienen origen medieval no presenta sus cuentas en ninguna parte, lo que anticipa un coladero de irregularidades y un foco de corruptelas. Por eso les ha planteado un ultimátum: si la reforma de la administración local entra en vigor tal y como está redactada, unas 3.500 desaparecerán automáticamente a menos que presenten sus balances en el plazo de tres meses. “Es de lo más razonable obligar a todas las administraciones a que expliquen en qué se gastan el dinero”.
El dinero público hay que controlarlo al máximo desde luego, pero hay una sospecha que esa no sea la causa de esta remodelación territorial. Sólo la excusa para disponer de más elementos que vender en la misma ola privatizadora que ha puesto al estado español en venta. Somos muchos los que sospechamos que ese “no es el motivo último de esta reforma”. No se nos escapa, igual que a otros pedáneos, que el Gobierno de Castilla-La Mancha pretende ingresar este año 45,6 millones de euros por la venta de fincas públicas. Porque el argumento de la deuda no parece muy sólido. De entre las 3.720 entidades locales menores no tienen “ni un millón de euros”, en números rojos, porque apenas tienen margen para endeudarse.
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