LA DESPOBLACIÓN ES UN GRAVE PROBLEMA: ¡BASTA DE JUGAR CON NUESTRO FUTURO!

  La revitalización de los municipios rurales debida a la despoblación y el envejecimiento de la población, son circunstancias asociadas a una escasez de recursos económicos que dificultan que los Ayuntamientos puedan llevar a cabo un desarrollo efectivo de todos los servicios y necesidades que demanda la ciudadanía. Esto no se puede solucionar con subvenciones ocasionales o derramas cuando la situación ya es crítica. Debe haber una financiación adecuada de la administración local y desde este espacio buscamos opciones que se puedan implantar en un espacio de tiempo relativamente corto.

El marco competencial de los municipios españoles está definido en la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora del Régimen Local.  El artículo 26 delimita la obligatoriedad de los servicios que deben ejercer los municipios. Se determina que los municipios, ya sean solos o asociados, deben prestar un conjunto de servicios que varía según su tamaño. Concretamente, el grado de obligatoriedad de los servicios que deben prestar los municipios varía según si éstos tienen menos de 5.000 habitantes, entre 5.001 y 20.000 habitantes, entre 20.001 y 50.000 habitantes, y más de 50.001.

Concretamente las competencias a las cuales se refiere el punto 2 del artículo 25 de la Ley Reguladora del Régimen Local son: 

• a) Seguridad en lugares públicos; 
• b) Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas;
• c) Protección civil, prevención y extinción de incendios; 
• d) Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas; parques y jardines, pavimentación de vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales; 
• e) Patrimonio histórico-artístico; 
• f) Protección del medio ambiente; 
• g) Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y consumidores; 
• h) Protección de la salubridad pública; 
• i) Participación en la gestión de la atención primaria de la salud; 
• j) Cementerios y servicios funerarios; 
• k) Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social;
• l) Suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales; 
• ll) Transporte público de viajeros; 
• m) Actividades o instalaciones culturales y deportivas; ocupación del tiempo libre; turismo; 
• n) Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria

Los recursos de los gobiernos deben estar al servicio de las necesidades de gasto a las que éstos deben dar cobertura, y estas necesidades surgen del desarrollo de un determinado marco competencial y, por tanto, de un marco legal que ha sido entre todos pactado y aprobado. Es razonable pensar que, una vez se ha determinado lo que deben hacer los gobiernos, cabe decidir, posteriormente, de qué modo van a obtener el volumen de recursos necesario para poder llevarlo a cabo.

Uno de los conceptos novedosos para parar la despoblación está en la línea de crédito ICO para personas que monten un negocio o empresa en nuestra región; bonificación en la carga fiscal a familias consideradas bajo el epígrafe de estancia efectiva (empadronamiento, tarjeta sanitaria y escolarización de hijos si los hubiera), además de contemplar también la zonificación del medio rural siguiendo los parámetros de la Unión Europea. Así, las ‘zonas con intensa despoblación’ serán aquellas que tienen entre 8 y 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado; las ‘zonas de extrema despoblación’ contarán con menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado; las ‘zonas con riego de despoblación’ tendrán entre 12,5 y 20 habitantes por kilómetro cuadrado; las ‘zonas intermedias’ cuentan con entre 20 y 50 habitantes; y, finalmente, las ‘zonas periurbanas’ que serán aquellas que contabilizan más de 50 habitantes por kilómetro cuadrado.

Ante el abandono del mundo rural por parte de la banca la solución no pasa por darles facilidades de mantener su negocio vía Internet, sino la transformación de los juzgados de paz en oficinas judiciales municipales y que las sucursales de Correos pueden prestar servicios bancarios que requieren una atención personalizada. Para ello hay que dotarlas de `presupuesto adecuado y personal.

Sin embargo el juego político pone en riesgo la vida en el mundo rural cuando critican en Castilla y León lo que se propone en Castilla La Mancha y todo ello sólo por la lucha política. Un ejemplo claro de esto es la Ley de Ordenación del Territorio que está implantando el gobierno PP - Cs en nuestra autonomía y que el PSOE critica, pero que Page, en CLM impone en la nueva Ley de Despoblación.que elimina servicios esenciales en sanidad , educación y dependencia y sin embargo:

• Sanidad. También se  prevé el diseño de una red de puntos de atención continuada para garantizar que estos recursos estén a menos de 30 minutos de distancia, y contempla una asistencia farmacéutica específicamente diseñada para responder a las necesidades de la población rural.
• Bienestar Social. El texto presentado al Consejo de Gobierno asegura el servicio de teleasistencia a las personas mayores de 70  del medio rural con terminales digitales de última generación en las zonas de difícil acceso a las redes de comunicación, así como el acceso a un recurso de atención residencial a menos de 40 kilómetros de su hogar. Asimismo, se garantiza la atención personalizada a personas con discapacidad a través de dispositivos como teleasistencia avanzada, geolocalización, alertas de riesgo en el hogar, terminales adaptados y comunicación accesible.

En España los costes que comporta vivir en el campo son especialmente dramáticos en términos de renta y accesos a servicios. Mientras, la clase política mira para otro lado.