JUSTICIA Y DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE

El recurso a los tribunales es uno de los mecanismos que tienen las organizaciones ecologistas para llevar a cabo su labor de defensa del medio ambiente. Pero este derecho se ve limitado de forma drástica por las claras deficiencias del sistema judicial, los cambios legislativos que cada vez imponen más trabas, y la interesada y parcial utilización de los mecanismos del Estado a favor de los más poderosos y en contra del interés común.

En este decisivo asalto de la ofensiva conservadora, neoliberal y en los últimos tiempos tardofranquista del PP, contra el Estado de Derecho que nos ha tocado vivir, pocos frentes están sufriendo un ataque más devastador como el que la oligarquía está librando por hacerse con el control del poder judicial.

Una vez convertido el poder legislativo en un triste teatrillo en el que una panda de patéticas marionetas se limitan a falsear la comedia en la que han convertido la democracia y acaban apretando el botón que en cada momento los mercados les han ordenado pulsar, les quedaba ya, tan solo, por hacerse con el control del poder judicial.

A pesar de la represión de cualquier protesta, de las multas a que condenan a los movimientos sociales y ecologistas, a la detención de activistas en todo el mundo, los jueces, una y otra vez, interpretan las normas en contra de los intereses espurios que las alumbraron. La lucha por el poder ha terminado en un puro y duro asalto al poder judicial.

Solo en este contexto global se puede comprender el verdadero valor y significado de las numerosas sentencias que en los últimos años vienen declarando la ilegalidad de muchas de las actuaciones y proyectos de graves impactos sociales y ambientales promovidos por la llamada cleptocracia en connivencia con los ejecutivos del PP y del PSOE.

No faltan tampoco sentencias en las que se declara la desviación de poder con la que esas administraciones ha perpetrado sus ilegalidades.

Desde Campiña Verde  se denunció, en la anterior legislatura, que se sacara a información pública una infraestructura comercial cuando ya había cerrado aguas, o que sea el Ayuntamiento quien debe controlar las actividades de empresas radicadas en El Casar que realizan quemas de productos tóxicos, cuando no tiene ni la capacidad técnica ni la voluntad de enfrentarse con una empresas, que algunos casos tienen asignados los contratos de servicios público del municipio.

Con el título “miedo a la opinión pública” se denunció esta situación y se obligó a cumplir con la legislación vigente.

Como bien sabe la incultura neoliberal, se trata de una guerra y las armas con las que contraatacan son de destrucción masiva. Así se regulan complejos procedimientos de ejecución de las sentencias que obligan a ciudadanos y jueces a pasar años solventando los intentos de la administración por obviar el cumplimiento final de las sentencias. Una regulación legal de la suspensión cautelar que ha sido hábilmente diseñada por el poder legislativo/ejecutivo para impedir o hacer inasumible el coste que tendría detener las actuaciones administrativas antes de que las mismas se ejecuten.

Claro que los “reformistas” del PSOE lanzaron la primera piedra cuando el 10 de octubre de 2011, se aprobó la Ley de Medidas de Agilización Procesal, que entre sus disposiciones preveía el actual sistema de condena en costas en la jurisdicción contenciosa, en virtud del cual la parte que vea desestimadas sus pretensiones deberá afrontar los costosos gastos de la defensa de las partes contrarias, torpedo en la misma línea de flotación de la lucha contra la corrupción que ni el mismísimo dictador se había atrevido a lanzar. La no imposición de costas en esta jurisdicción, establecida en la Ley de 1956, era uno de los mecanismos más potentes para destapar ilegalidades y casos de corrupción al permitir actuar a los ciudadanos sin tener que afrontar estas costosas condenas.

Otro 20 N, pero esta vez el de 2012, fue elegido para aprobar la vigente Ley de Tasas, que a los seis meses de su entrada en vigor está demostrando que los devastadores efectos que muchos le auguraban cuando se aprobó, se quedaban cortos ante el desamparo real que la norma está provocando a miles de ciudadanos que no pueden acceder a la jurisdicción por falta de medios para hacer frente a la tasa judicial.

Ante este panorama y la desigualdad de medios que se adivina tras él, cada sentencia declarando una ilegalidad cometida desde el poder y al amparo del Estado, se nos presenta como una crucial batalla ganada por ese ejército de nuevos resistentes del siglo XXI dispuestos a luchar contra la injusticia y que saben que “resistir a la injusticia es un deber del individuo para consigo mismo, porque es un precepto de la existencia moral, es un deber para con la sociedad” .